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Exhumation of a mass grave in Comalapa, Chimaltenango. Photograph courtesy of the USAID.

Reuda de Presna de FAFG - 22 noviembre 2011

Para más información: FAFG and Myrna Mack Foundation.


Remains found during exhumations of mass graves at the Guatemalan military base at Comalapa, Chimaltenango, outside of Guatemala City. Photograph courtesy of FAFG.


Remains found during exhumations of mass graves at the Guatemalan military base at Comalapa, Chimaltenango, outside of Guatemala City. Photograph courtesy of FAFG.

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Washington, D.C., 22 de noviembre de 2011 – El cuerpo de dos hombres cuya desaparición fue registrada en 1984, en el famoso Diario Militar de Guatemala, han sido localizados en una antigua base militar en las afueras de la capital e identificadas por medio de la prueba de ADN, de acuerdo a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que anunció su descubrimiento en una conferencia de prensa esta mañana.

Los restos pertenecen  a Amancio Samuel Villatoro y Sergio Saúl Linares Morales, ambos capturados por las fuerzas de seguridad en incidentes separados y que nunca volvieron a ser vistos por sus familiares. No se supo nada acerca de su destino hasta en 1999, cuando el Archivo de Seguridad Nacional reveló públicamente el Diario Militar, un libro de anotaciones militares creado a mediados de los 1980s para registrar el secuestro, detención ilegal y muerte de gente escogida, Villatoro y Linares entre ellos. Hoy, 27 años después de su desaparición y 12 años después de la publicación del diario, esa información ha sido confirmada.

“Es un evento asombroso en un caso que ha venido a simbolizar la impunidad e injusticia que persiste en Guatemala 15 años después que su sangriento conflicto armado interno finalizara,” comentó Kate Doyle, analista en jefe y directora del Proyecto Guatemala del Archivo de Seguridad. Entre los 200,000 civiles asesinados durante la guerra, hubo un estimado de 40,000 víctimas de desaparición forzada – hombres, mujeres y niños copados en las ciudades y zonas conflictivas por las fuerzas de seguridad estatales o fuerzas paramilitares, interrogadas torturadas y secretamente ejecutadas, sus cuerpos fueron arrojados en lugares remotos o enterrados en fosas comunes. Pocos de los restos de los desaparecidos han sido encontrados  y solamente tres casos han sido llevados a persecución penal resultando en la condena de antiguos militares u oficiales de policía.

Cuando fuerzas de seguridad secuestraron a Villatoro y Linares en la ciudad de Guatemala en 1984, las peores de las operaciones de tierra arrasada del ejército que masacraron decenas de miles de civiles desarmados en las regiones mayas del país estaban a punto de finalizar. El régimen militar del general Oscar Humberto Mejía Víctores, quién tomó el poder en agosto de 1983 por un golpe de estado en contra del general Efraín Ríos Montt, perseguía el desmantelamiento de las redes guerrilleras a través de una campaña de represión selectiva dirigida a sospechosos de ser subversivos en la capital y otras áreas urbanas.

El diario militar es un artefacto escalofriante de las técnicas de terror político utilizado por Mejía Víctores durante la época. Detalla el secuestro de 183 personas y utiliza lenguaje codificado para registrar la ejecución de 93 de ellos. Para poder identificar y eliminar líderes insurgentes y sus supuestos colaboradores, los militares y la policía nacional utilizaron la vigilancia, escuchas telefónicas, secuestros, interrogatorios y la tortura para extraer información de los prisioneros acerca de sus compañeros, amigos y miembros de su familia. El diario fue creado precisamente para reportar y clasificar esa información para que las fuerzas de seguridad pudieran operar contra otros posibles objetivos.

Sergio Linares fue una de sus víctimas. El 23 de febrero, en 1984, mientras salía de sus oficinas en el centro de la ciudad de Guatemala, fue capturado por dos hombres armados vestidos de civil y forzado a subir a una camioneta tipo panel de color blanca. Más tarde esa noche, un grupo de hombres fuertemente armados irrumpieron en la casa donde Linares vivía con su madre, esposa y su hija de 5 años de edad. Registraron la casa llevándose varias pertenencias y documentos y golpearon a su madre de 68 años.[1]  Como resultado de la incursión y la desaparición de su marido, Sandra la esposa de Linares – quién estaba embarazada de su segundo hijo – huyó de su hogar con su hija.

Al momento de su desaparición, Linares de 33 años trabajaba para el Instituto Nacional de Fomento Municipal – INFOM – y daba clases para el departamento de ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se volvió un líder político en la secundaria y luego un militante cuando era estudiante universitario en los años 1970s. En el diario, es identificado como miembro líder del Partido Guatemalteco de los Trabajadores (PGT), El partido Comunista de Guatemala.


Saúl Linares is entry number 74 in the Death Squad Diary. His remains were locatedin a mass grave in Comalapa, Chimaltenango during an exhumation conducted by FAFG (Guatemalan Forensic Anthropology Foundation). Photo is an excerpt from the Death Squad Diary document, the National Security Archive

Linares aparece en el diario como el número 74. Su captura llegó como resultado de información obtenida por otro de los detenidos, Julio Cesar Pereira Vásquez, número 73 en el diario. Pereira fue secuestrado un día antes que Linares, después de haber sido torturado a golpes y con electro shock y accedió informar acerca de sus compañeros en el PGT. De acuerdo al propio testimonio de Pereira, dado ante la prensa guatemalteca después que el Archivo de Seguridad Nacional  hizo público el diario, señaló a Linares a sus captores cuando Sergio salía de las oficinas del INFOM y luego vió cuando lo capturaron.[2]

El diario militar contiene la fotografía del carnet universitario de Linares pegada sobre una segunda fotografía. No se sabe si las fotografías fueron utilizadas para identificar visualmente y rastrear objetivos o como prueba de su secuestro.  Anotaciones escritas a mano bajo el registro de las afiliaciones políticas de Linares son dos fechas: la fecha de su captura, y la de su muerte, codificada como “300”, el 29 de marzo de 1984.

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Amancio Samuel Villatoro is entry number 55 in the Death Squad Diary. His remains were located in a mass grave in Comalapa, Chimaltenango during an exhumation conducted by FAFG (Guatemalan Forensic Anthropology Foundation). Photo is an excerpt from the Death Squad Diary document, the National Security Archive

Amancio Samuel Villatoro es el numero 55 en el diario. De acuerdo a este registro, el era un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – FAR – y coordinador de la Central Nacional de Trabajadores – CNT – una federación sindical fundada en 1968 y que ayudó a organizar a los trabajadores en unos de los más importantes sindicatos del país. El diario indica que fue capturado el 30 de enero de 1984, en el antiguo centro de la ciudad de Guatemala y retenido por casi dos meses hasta su ejecución (“300”).
                           
Los miembros de la familia de Villatoro han dado detalles de su vida en entrevistas a los “Archivos de la Paz” de Guatemala, una institución fundada por el gobierno del presidente Alvaro Colom para recopilar testimonios y documentación acerca del conflicto armado interno. Uno de los cuatro hijos de Villatoro que aún viven, el activista laboral Néstor Villatoro, dijo que su padre nació el 11 de diciembre de 1937 bajo condiciones humildes en Huehuetenango y emigró a la capital para poder continuar sus estudios. Se casó con María del Rosario Bran y comenzó a formar una familia al mismo tiempo que fundaba y llegaba a ser secretario general del sindicato laboral de trabajadores en la empresa Adam, fabricante de chicles.

Su viuda, María del Rosario, recuerda el día que su esposo desapareció. “Amancio salió a una reunión del sindicato y nunca regresó…. Cuando iba a esperarlo en la parada de buses, 8 hombres descendieron de una camioneta tipo panel de color blanca. Ese día asaltaron nuestro hogar, nos tiraron al piso, nos amarraron y se llevaron las cosas de la casa, incluyendo dinero. Nos dejaron sin nada.”[3]

El caso de Amancio Villatoro es raro entre las víctimas registradas en el diario militar porque fue visto con vida después de su secuestro. Otro individuo que aparece en el diario, Alvaro René Sosa Ramos (numero 87), también fue capturado a principios de 1984 pero se las ingenió para escapar y contar su historia a grupos de derechos humanos. Durante dos días después de su secuestro el 11 de marzo, Sosa Ramos fue detenido y torturado en un sitio para detenciones clandestinas en algún lugar de la ciudad de Guatemala. Durante su breve retención vio otros prisioneros que habían sido severamente torturados, incluyendo a Villatoro – sufriendo, pero con vida. De acuerdo al diario militar, Villatoro fue asesinado unas dos semanas después, el 29 de marzo.

A lo largo de los años desde la desaparición de sus seres queridos, las familias de Sergio Linares y Amancio  Villatoro trataron de obtener información en numerosas ocasiones acerca de sus destinos sin obtenerla. Autoridades de Gobierno se negaron a proporcionar información de ellos, de su detención ni de si estaban vivos o muertos. Testificando ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos en 2007, Mirtala Linares Morales, hermana de Sergio, recordó haberse reunido con el jefe de facto de estado, el general Mejía Víctores, para pedirle ayuda en determinar en donde tenían encarcelado a su hermano. “No había ninguna respuesta, su negativa fue que no lo habían capturado, que ignoraba su paradero – y que posiblemente mi hermano ¡se había ido mojado a los EEUU! – de esa forma nos contestó.”[4]  La viuda de Villatoro, María del Rosario, quería más que nada encontrar el cuerpo de Amancio: “Esperamos que halla justicia un día y que por lo menos sepamos dónde están sus restos para darles una digna y cristiana sepultura.[5]

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG)  desenterró los restos de los dos hombres el 7 de Septiembre de 2003, en una exhumación al lado de la ex-base militar situada en Comalapa en el departamento de Chimaltenango, a una hora y media rumbo noroeste de la ciudad de Guatemala. En una conferencia de prensa llevada a cabo por esta mañana, el director de la FAFG, Fredy Peccerelli, explico que los esqueletos pertenecían a dos hombres que yacían juntos. Ambos presentaban características que los diferenciaban del resto de los remanentes óseos encontrados en el lugar. En contraste con la mayoría de las victimas indígenas enterradas ahí,  los cuerpos de los hombres exhibían trabajo odontológico previo en sus dentaduras además de tener vestimentas identificadas como de clase media, atuendos urbanos que nos son comunes en el sitio (el cuerpo de Villatoro vestía un par de vaqueros azules de la marca Levi’s, por ejemplo)

Rodeado por las familias de los dos hombres, Peccerelli reconoce que a la FAFG le tomo hasta el día de hoy para identificar positivamente los cuerpos utilizando tecnología DNA para relacionar las victimas con sus familiares. Apunto que esta lucha por la justicia en Guatemala ha tomado décadas pero que el descubrimiento de los cuerpos los relaciona al diario militar, “Este es solo el principio” en la búsqueda de la verdad absoluta de lo que le sucedió a los desaparecidos. La FAFG ahora enviará este reporte de la exhumación al Ministerio Público de Guatemala para emprender acciones legales. 
Es probable que Villatoro y Linares fueran llevados a Comalapa después de su captura para ser interrogados. Comalapa y Chimaltenango en general fueron  zonas intensas del conflicto que comenzó a finales de los 1970s cuando el EGP empezó a operar allá y el departamento se convirtió en blanco de la estrategia contrainsurgente del régimen del general Romeo Lucas García. La tristemente célebre base militar era una fuente de intimidación y violencia. La Comisión Para el  Esclarecimiento Histórico – CEH – contiene relatos de residentes de Comalapa de la temida y militarizada Policía Judicial rondando la ciudad en busca de sus víctimas de secuestro, en carros o pick-ups con vidrios polarizados.

Comalapa también se convirtió en famosa por esos tiempos como tiradero de cuerpos de los activistas desaparecidos. En marzo de 1980 el cadáver de la activista estudiantil Liliana Negreros y de unas dos docenas más fueron encontrados en un barranco en las afueras de Comalapa.[6]  La embajada Americana tildó el descubrimiento como “siniestro” y sugirió que la extrema derecha era la responsable. Las fuentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) dijeron que las muestras de indignación del presidente Lucas García en el lugar de las tumbas era “solamente para consumo público. Los más altos niveles del gobierno de Guatemala a través de las altas esferas de la Policía Nacional están totalmente enterados de los antecedentes de ese cementerio…. (Era) un lugar donde el Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional se deshacía de las víctimas después de los interrogatorios”.[7]

Una de las primeras fuerzas de tarea de Lucas, llamada Iximché, tuvo como objetivo Chimaltenango iniciando en 1981. Muchos de los alcaldes de Comalapa y otros lideres municipales fueron asesinados cuando en febrero de 1981, un cable de la Embajada Americana describía un “reino de terror” incluyendo asesinatos políticos por fuerzas de seguridad y decía que se había convertido en “una ciudad fantasma”.[8] La CEH tomó testimonios que describen masacres del ejercito en y alrededor de la ciudad en septiembre de 1981 (60 personas), noviembre 1981 (una masacre de 12 personas, mayoritariamente niños; en la otra el ejército capturó, torturó y ejecutó 14 personas, quemando las casas y masacrando animales domésticos), y enero de 1982 (36 personas). En julio de 1982 hubo una masacre por la insurgente Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP) como castigo por las muertes de dos combatientes guerrilleros en donde 40 personas fueron asesinadas.

 

 

Las exhumaciones de la Fundación de Antropología Forense en la antigua base militar en Comalapa iniciaron en agosto de 2003 por solicitud de CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala), que ha compilado una lista de 250 nombres de residentes de Comalapa que fueron desaparecidos durante la guerra. Desde entonces, la FAFG ha descubierto alrededor de 220 restos de esqueletos en el lugar, muchos de ellos mostrando señales de tortura.[9] Aún después del descubrimiento de Amancio Villatoro y Sergio Linares, el uso de Comalapa como cementerio clandestino para víctimas del terror estatal era conocido por incluir gente de afuera de esa municipalidad. En 2004 Latin American Press reportó que la identificación de cuerpos encontrados era más difícil de lo usual, porque muchos de ellos eran de restos de personas de afuera de la región tan lejanas como Huehuetenango y Quiché. [10]

El extraordinario trabajo del equipo del FAFG es aún más importante debido al caso colectivo de derechos humanos basado en las desapariciones del diario militar que actualmente pende en el sistema Inter-Americano. Archivado en 2005 por la Fundación Myrna Mack de Guatemala e implicando a las familias de 26 de las víctimas registradas en el diario, el caso fue mandado a la corte por la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos el 18 de febrero de 2011 y esta agentado para tratarse en el 2012.

El Archivo de Seguridad Nacional ha trabajado de cerca con la fundación Myrna Mack, abogados de la Clínica Legal Berkeley de Derechos Humanos Internacionales y las familias guatemaltecas para construir el caso. En particular, el Archivo provee de testimonio experto para autenticar el diario militar como producto de una unidad de inteligencia militar secreta llamada “Archivos”. Archivos era una sección operacional de la dependen conocida como el Estado Mayor Presidencial (EMP),  cuyo trabajo era recolectar y analizar inteligencia para el jefe de Estado. Documentos estadounidenses desclasificados secretos, archivos de la Policía Nacional Guatemalteca y otras fuentes identifican que los “Archivos” eran fundamentales para la campaña subversiva urbana librada por el régimen de Mejía Victores.  Fueron los “Archivos” quienes crearon el diario militar, superviso y llevo a cabo las desapariciones descritas en la misma.

Actualmente el Archivo de Seguridad Nacional se encuentra preparando un reporte para ser enviado a la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el próximo año. En ello, argumentaremos que el Estado Guatemalteco está obligado por el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en lo que respecta al “Derecho a saber” de las familias y víctimas supervivientes de los crímenes documentados en el diario militar, por lo que debe proveer acceso absoluto  a los archivos militares pertinentes a esos crímenes. Aún cuando el Archivo Histórico de la Policía Nacional – descubierto accidentalmente por investigadores en Derechos Humanos en 2005 y desde entonces preservado, digitalizado y abierto al público – contiene cientos de registros relacionados con las desapariciones descritas en la bitácora, el ejército guatemalteco está obligado también a entregar todos los documentos que posea relacionados con esos crímenes. Los registros de los “Archivos”, de la Dirección de Inteligencia (D-2), del Centro de Operaciones Conjuntas (COC) y de otras entidades militares que operaban durante la contrainsurgencia urbana a mediados de 1980 deben ser liberados.  

La exhumación de archivos secretos, combinados con la exhumación de cementerios masivos que permanecen secretos en todo el país, representara un paso crítico hacia la justicia y Estado de Derecho para los familiares de Sergio Linares, Amancio Villatoro y el resto de las 181 víctimas relatadas en el diario militar.

 

 


NOTES

[1]CEH report, vol. VI, "Caso ilustrativo No. 48: Desapariciones forzadas de Edgar Fernando García, Sergio Saúl Linares Morales y Rubén Amilcar Farfán. Fundación del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)," 145-53

[2] Prensa Libre, Miguel Ángel Albizuras, "Julio César Pereira habla de su secuestro," 13 August 1999, page unknown

[3] Dirección de los Archivos de la Paz, La Autenticidad del Diario Militar, a la luz de los documentos históricos de la Policía Nacional, 131-36

[4] See: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=en&Session=13 (Caso 12.590, "José Miguel Gudiel Álvarez and Others (Diario Militar) v. Guatemala," Part one; Mirtala's testimony begins at 53:00 minutes)

[5] Dirección de los Archivos de la Paz, idem, 135

[6] Paul Kobrak, Organizing and Repression: In the University of San Carlos, Guatemala, 1944 to 1996. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science, 1999, 66-67; CEH report, vol. VI, 175

[7] U.S. Embassy Guatemala, Violence Surges in March, 3/25/80; Central Intelligence Agency press statements, [Clandestine Mass Grave near Comalapa], c. 4/80

[8] U.S. Embassy Guatemala, 'Reign of Terror' in Comalapa, Chimaltenango Department, 2/11/1981

[9] FAFG Website, consulted 21 November 2011. http://www.fafg.org/paginas/exdestacamentos.htm

[10] Latinamerica Press, Eduardo García, "Digging up the Truth in Guatemala," 6 March 2004. http://www.thefreelibrary.com/DIGGING+UP+THE+TRUTH+IN+GUATEMALA.-a0115356778


DOCUMENTS

Document 1
March 25, 1980
"Violence Surges in March"
U.S. Embassy, Guatemala, limited official use cable
(GU00636)

This U.S. Embassy cable reports on the discovery of a clandestine mass grave in Comalapa and lists acts of political violence during March 1980. The grave was found to contain 26 decayed bodies that "show physical signs of 'death squad' type executions."

The cable also notes difficulty of the Guatemalan government's attempts to dispel impression of official involvement in recent violence. President Lucas García's administration released a press statement attributing the crimes to "clandestine gangs and extremists."

 

Document 2
c. March 30, 1980
"[Handwritten "Demarche" on Death Squads and Comalapa Clandestine Grave]"
Department of State, Classification Unknown, Aide-Memoire
(GU00638)

The demarche states that the USG is "disturbed by the drastic increase in political killings and disappearances of both the democratic and extreme left over the past month." The USG also expresses shock in response to "the discovery of a mass clandestine grave near Comalapa where victims bore physical signs of death squad executions." The demarche goes on to say that the USG believes that individuals from "the GOG have been and are involved in these death squad killings."

The demarche recognizes that "while an investigation of the Comalapa discovery is in progress; such investigations under taken in the past have never resulted in the arrest and trial of those responsible."

The USG threatens the continuance of approving shipments and aid to the GOG if the GOG does not take "immediate steps to safeguard the basic rights of individuals irrespective of their political persuasion."


 Document 3
c. April 1980
"[Clandestine Mass Grave near Comalapa]"
Central Intelligence Agency, secret cable
(GU00640)

This secret Central Intelligence Agency cable writes that President Lucas García's publically displayed outrage in response to the discovery of the clandestine mass grave in Comalapa "is only for public consumption." The cable goes on to assert that it is apparent that the Guatemalan government and National police are fully aware of the background of the grave site.

The cable explains that the burial site in Comalapa was accidentally discovered in March of 1980 and was used as a place to dispose victims after the National Police completed interrogations of the victims. The site is reported to have "upwards of 26 persons who fall into common criminal class (delinquents) and not radical leftists." The cable also notes that as of March 22, 1980, only two sets of remains have been identified, one of whom was allegedly involved in "criminal activities."

Document 4
c. February 11, 1981
"'Reign of Terror' in Comalapa, Chimaltenango Department"
United States Embassy, Guatemala, confidential memorandum of conversation
(GU00687)

This U.S. Embassy cable describes reports of political terror and murder in Comalapa, Chimaltenango by three villagers and says Comalapa is "becoming something of a ghost town." The three women "informants" explained of the abduction and murder of many of their community members. The women insist that there is no guerilla activity in the Comalapa area.

When the women were asked if they had any concrete evidence of Army involvement in the killings, the women gave two examples: A case where a person was taken off a bus by people dressed in guerilla uniforms, but several passengers noticed the uniformed people were wearing boots with known military characteristics. Also, at the Army checkpoint at the entrance of the town, soldiers check personal documents against a list of names they carry around.

Additionally, the women agree that "there is no set modus operandi in the killings."

 

Document 5
c. February 1983
"[The Archivo and Government-Sponsored Violence]"
Central Intelligence Agency, secret cable
(GU00897)

This cable describes operations by Archivo personnel including authorization to "apprehend, hold, interrogate, and dispose of suspected guerrillas as they saw fit." It also notes that Ambassador Chapin is "firmly convinced" that increased "suspect right-wing violence" is actually ordered by Guatemalan government.

The cable notes President Efraín Ríos Montt's anger at the time of his nephew's kidnapping, and the murder of a police detective and municipal inspector, and the uncovering of a coup plot against him. The cable reports that "Ríos Montt said that the increase in threats to his government and other subversive activities was a result of his government's lenient policy toward the application of justice."

 

Document 6
February 2, 1984
Recent Kidnappings: Signs Point to Government Security Forces
Department of State, confidential cable
(GU00995)

The U.S. Embassy in Guatemala reports the circumstances surrounding two recent abductions in Guatemala City, suggesting that both appear to have been the work of government security forces.  The document describes in detail how one of the victims, Sergio Vinicio Samoyoa Morales (death squad diary entry number 60), was abducted from a hospital by ten armed men just before he was scheduled to undergo surgery for bullet wounds suffered earlier that day.  In his analysis, U.S. Ambassador Frederic Chapin notes that "these new shocking abductions indicate that the [Guatemalan] security forces will strike whenever there is a target of importance."  Chapin proposes that the U.S. can either choose to overlook these kinds of atrocities and "emphasize the strategic concept" or "pursue a higher moral path," but should not continue to alternate between these two positions.


Document 7
February 23, 1984
Guatemala: Political Violence Up
U.S. Department of State, secret intelligence analysis
(GU01000)

On the same day that Sergio Saúl Linares Morales was disappeared, the State Department produces an intelligence report on the recent spike in political assassinations and disappearances. The intelligence report describes several notable cases of victims in the "new wave of violence," over the past several weeks, and provides key information on police coordination with military intelligence in government kidnappings. It mentions the recent abduction and release of a labor leader and confirms that "he had been kidnapped by the National Police, who have traditionally considered labor activists to be communists." It states that the detective corps (the DIT) of the National Police has traditionally been involved in "extra-legal" activities, working alongside the Army's presidential intelligence unit, the Archivos. 

 

Document 8
March 28, 1986
Guatemala's Disappeared: 1977-86
Department of State, Bureau of Inter-American Affairs, secret report
(GU01078)

This Department of State report from 1986 provides details on the evolution of the use of forced disappearance by security forces over the decade prior, and how this tactic became institutionalized under the Mejía Víctores regime. "In the cities, out of frustration from the judiciary's unwillingness to convict and sentence insurgents, and convinced that the kidnapping of suspected insurgents and their relatives would lead to a quick destruction of the guerilla urban networks, the security forces began to systematically kidnap anyone suspected of insurgent connections." The documents estimates there were 183 reported cases of government kidnapping the first month of the Mejía government, and an average of 137 abductions a month through the end of 1984. Part of the modus operandi of government kidnapping involved interrogating victims at military bases, police stations, or government safe houses, where information about alleged connections with insurgents was "extracted through torture."

The document concludes that the U.S. embassy and the State Department have failed in the past to adequately grasp the magnitude of Guatemala's problem of government kidnapping. 



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