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MANIFIESTO POR LA DIVERSIDAD EN LA UNIDAD
Las y los abajo firmantes nos hemos reunido, procedentes de distintas tradiciones, países y
puntos de vista, para dirigirnos a nuestros conciudadanos al tratar el tema de la inmigración,
y de manera más general las minorías, en nuestras sociedades modernas. Como consecuencia,
invitamos a firma y reflexión el siguiente manifiesto.
I.- NUESTRA PRINCIPAL ORIENTACIÓN
Notamos la creciente preocupación en amplios sectores de las sociedades democráticas y libres por la
inmigración en masa que reciben y por las minorías que se van formando dentro de sus fronteras que
provienen de distintas culturas, con distintas costumbres, además de con distintas instituciones y
lealtades. Nos sentimos, por otro lado, inmersos en la problemática de la violencia callejera, los
arrebatos verbales de odio y los crecientes apoyos a los grupos extremistas en determinados países.
Estas reacciones aunque censurables, responden en algunos a un sentimiento de amenaza a su identidad
y cultura, y se basan en las preocupaciones evocadas por la globalización, las nuevas tecnologías de
la comunicación y una gradual pérdida de la soberanía nacional. Reprochar esos sentimientos a millones
de personas llamándolas discriminadoras, excluyentes o hipócritas es una política fácil que no resuelve
un problema que va a más. Las ansiedades y preocupaciones de la gente no deben dejar de ser tenidas en
cuenta ni pueden ser tratadas con eficacia etiquetándolas simplemente de racistas o xenófobas. Diciendo
a la gente que necesitan a los inmigrantes por razones económicas o demográficas tampoco conseguiremos
una discusión útil y válida, y mucho menos podremos atajar sus profundas dudas para facilitar la acogida.
El desafío que tenemos delante es encontrar formas legítimas y prácticas para resolver a estas preocupaciones
de manera constructiva, a la vez que asegurarnos que estos sentimientos no den lugar a otros prejuicios
antisociales, de odio o dejen paso a manifestaciones violentas.
Dos aproximaciones deben ser evitadas: promover la asimilación a toda costa y el multiculturalismo
ilimitado. En primer lugar la asimilación (que exige el abandono por parte de las minorías de sus
distintas instituciones, culturas, valores, hábitos y conexiones con sus países para adaptarse a
la cultura de acogida) es sociológicamente difícil de alcanzar e implica una ambición innecesaria.
Está, además, moralmente injustificada debido a nuestro respeto por las diferencias más íntimas
como son los dioses a los que rezamos.
En segundo lugar el multiculturalismo ilimitado (que exige dejar de lado el concepto de valores
compartidos, lealtades e identidad para privilegiar diferencias étnicas y religiosas, dando por
hecho que las naciones pueden ser sustituidas por un gran número de minorías diversas) es también
innecesariamente extremista. Lo más probable es que el multiculturalismo dé lugar a contragolpes
antidemocráticos ampliando los apoyos a grupos extremistas y llevando a partidos de extrema derecha
y líderes populistas a implementar políticas en contra de las minorías. El multiculturalismo
ilimitado no debe ser justificado normativamente porque no reconoce los valores e instituciones
sustentados por el grueso de nuestras sociedades, tales como los derechos de la mujer o la validez
de ciertos estilos de vida alternativos.
El enfoque que defendemos es el de la diversidad en la unidad. Este principio se resume en que
todos los miembros de una sociedad dada respetarán y se adherirán completamente a esos valores
básicos e instituciones que se consideran parte del marco compartido de la sociedad. A la vez,
cada grupo social es libre para conservar su distinta subcultura (políticas, hábitos e instituciones
que no entren en conflicto con la parte esencial de aquello que comparten con otros) y un fuerte
sentido de lealtad a su país de origen, en tanto que esto no interfiera en la lealtad hacia el país
en el que se vive y no entre en un conflicto de lealtades.
El respeto por el conjunto y para todos es la esencia de nuestra postura.
Observamos que tal diversidad en la unidad enriquece más que amenaza la sociedad en su conjunto
y a su cultura, tal como se evidencia en campos que van desde la música a la cocina, y más notablemente
en la ampliación de nuestras ideas y de la comprensión del mundo que nos rodea. Más allá de todo
esto, observamos que en cada sociedad la esencia compartida de la identidad y la cultura ha cambiado
a lo largo del tiempo y continuará haciéndolo en el futuro. Por lo tanto las minorías que sostienen
que esta esencia común no refleja sus valores pueden actuar para intentar cambiarlos a través de la
vía democrática y social disponible para este propósito en las sociedades libres.
La unidad de la que hablamos no está impuesta por leyes o regulaciones gubernamentales, ni
tampoco por los agentes de policía, sino que es una unidad que nace de la educación cívica,
de la comisión del bien común, de la historia de la nación, de los valores compartidos, de
las experiencias comunes, de las instituciones públicas, y de los requisitos de buena vecindad
a cumplir por las personas que viven juntas y se enfrentan a los mismos retos desde el mismo
rincón del mundo.
Tal diversidad en la unidad permite que uno respete los derechos fundamentales, la forma de
vida democrática, los valores sociales esenciales, así como aquellos valores de las minorías
que no entren en conflicto con estos.
Qué elementos corresponden a cada categoría - al ámbito de la unidad o de la diversidad - es
un asunto que se puede decidir fácilmente en muchos asuntos clave. Los derechos fundamentales
deben ser respetados por todos y cada uno. Por ejemplo, la discriminación contra las mujeres
no puede ser tolerada, sean cuales fueren los valores culturales o religiosos de un grupo
determinado. El respeto por la ley y el orden es esencial. Las instituciones democráticas no
son solo una opción más entre muchas. Nadie que aspire a la ciudadanía en un país dado, o
ser miembro de una sociedad, puede pagar para librarse de las responsabilidades colectivas
que la sociedad ha contraído con sus acciones pasadas y para con otras sociedades, asumidas
por tratado o de alguna otra manera.
De igual modo, no se requiere mucha reflexión para reconocer que no existe fundamento para impedir
que las minorías usen su lengua, o mantengan vínculos cercanos con otro país (mientras no entre en
conflicto con la lealtad al país donde viven,), y procuren el conocimiento y ejercicio especial de
su cultura.
Con todo ello no pretendemos negar que son necesarias muchas deliberaciones y mucho diálogo sobre
aspectos conflictivos de la vida en común tales como lo referido a cómo la ley y el orden deben ser
interpretados, con qué dureza, y hasta dónde ha de llegar al consenso democrático. La deliberación y
el diálogo público son cruciales antes de determinar qué temas entran dentro de la unidad o de la
diversidad, como veremos más adelante.
Resumiendo, no debemos sacrificar la unidad o diversidad por la otra parte, pero debemos reconocer
que podemos aprender a vivir con mayor diversidad y a la vez proteger bien la legítima unidad.
II. ASPECTOS A CONSIDERAR Y DEBATIR
1. La ley: variaciones, derechos fundamentales e interés público
Los modelos de asimilación, por un lado, favorecen el mantenimiento de las leyes universales,
entendiendo como tales aquellas que se aplican a todos los ciudadanos y a otras personas dentro
de una jurisdicción dada. Se toleran algunas variaciones y excepciones pero estas están basadas
en necesidades individuales (por ejemplo enfermedades mentales) o en categorías demográficas
(por ejemplo los menores de edad) pero no en agrupaciones raciales o étnicas. Los derechos grupales
no son reconocidos como distintos.
La diversidad ilimitada, por otra parte, favorece que cada comunidad que siga sus tradiciones
incluso si entran en conflicto con las leyes establecidas (por ejemplo permitiendo uniones
matrimoniales forzosas o la circuncisión femenina) aunque la mayoria de aproximaciones en favor
de la diversidad reconocen que se debe observar algunas leyes universales. De acuerdo con este
planteamiento, a los grupos étnicos y raciales les ha de conceder una gran autonomía para establecer
y hacer cumplir sus propias leyes, incluso una considerable autonomía territorial o una cultural
basada en la soberanía del derecho propio (como pretenden algunas autoridades religiosas musulmanas).
También a través de este planteamiento, hay personas que son vistas por los demás como fuertemente
imbuidas de derechos solo por ser miembros de un grupo protegido, como los nativos americanos o
canadienses en sus países.
El modelo de la diversidad en la unidad (que denominaremos DEU) favorece, sin embargo, un acercamiento
bifocal: distingue entre aquellas leyes que todos debemos respetar y aquellas que han de aparecer
provistas de excepciones y variaciones basadas en grupos. Aunque hay lugar para el desacuerdo sobre
lo que corresponde dentro de estas dos categorías, muchos criterios sugieren por sí mismos los
principios guía para determinar qué leyes y políticas deben ser universales y cuáles pueden ser
para un grupo particular.
La categoría universal la conforman los derechos humanos elementales, definidos como tales por las
constituciones de los países en sus leyes básicas, las leyes de comunidades supranacionales como la
Unión Europea, y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Así, nadie, ninguno de los miembros de ninguna sociedad, puede ser legalmente comprado o vendido,
detenido sin el proceso debido, rechazado en el derecho de voto, etc... Los grupos feministas se
oponen correctamente a las salvedades en esto porque temen que ello pueda llevar consigo "la pérdida
de aquello que ganamos en términos de igualdad de género".
El interés público proporciona otro criterio universal. Si llevar armas se considera un peligro
para la seguridad, ningún grupo debería dar lugar a una excepción a esta regla. Igualmente
consideramos como peligro las violaciones de la salud pública, como la negación para inmunizar
niños (muchos estados de los EE. UU. y otros países de Europa como los Países Bajos, eximen a
los padres que presentan objeciones religiosas, algo que preocupa profundamente a funcionarios de
salud pública).
Todo aquello que no esté contenido en las políticas generales de interés público debe de considerarse
legítimamente como tema para la variación y la pluralidad. Podemos hablar de variaciones referentes
a la ley, tales como aquellas que tratan sobre los días de cierre comercial (por ejemplo, las leyes
que exigen que las tiendas cierren un día a la semana, pero no necesariamente el domingo) o a cerca
de los derechos de los animales (para permitir los rituales de matanzas); salvedades en las regulaciones
zonales (por ejemplo, permitir la construcción en Mezquitas); y algunas limitadas exenciones sobre
seguridad laboral, preparación de alimentos, y las regulaciones para los negocios étnicos (algunas de
estas variaciones pueden ser limitadas a un periodo de transición y pueden ser también combinadas
con la ayuda a los inmigrantes y minorías en general para adaptarlas a las leyes establecidas).
Las discusiones que defienden que los grupos territoriales o las comunidades nativas tienen un nivel
superior de derechos que los inmigrantes son incompatibles con el modelo DEU. Los grupos concentrados
territorialmente tienden más que otros a promover la diversidad hasta el punto de hacer peligrar la
unidad, tal como podemos comprobar con los grupos que están concentrados en un área dada (por ejemplo
Québec en Canadá), que son más proclives a secesionarse que los grupos más dispersos territorialmente
(por ejemplo los afroamericanos en EE. UU. o los gitanos en Europa). Algunos grupos minoritarios pueden
tener razones legítimas para buscar este secesionismo, pero esto es el toque de campana que anuncia el
funeral de la unidad. Mientras que en las últimas luchas por la autodeterminación estuvo implicada la
fuerza de la desintegración de los imperios y por lo tanto, como norma general, esto conllevó un
aumento de la representación democrática, las regiones que hoy se desgajan de las sociedades democráticas
tienen escasas posibilidades de alcanzar el autogobierno, más bien lo debilitan.
Nuestro énfasis se sitúa en la práctica, no en el discurso. Así, resulta aceptable que un grupo
determinado intente implantar políticas y prácticas que atenten contra la libertad colectiva de
sujetos plurales, pero hasta que la ley o la constitución no sean cambiadas, no estará permitido
que este grupo las lleve a cabo y menos que intente imponerlas a otros. Los extremistas seguidores
de una u otra religión pueden discutir que prohibir algunas de sus prácticas mina su particular
cultura; sin embargo, ser miembro de una sociedad libre exige la prohibición de prácticas que amenacen
a algún miembro de la sociedad en el sentido de que violen sus derechos fundamentales.
De todas formas, no hay razones para oponerse al compromiso si se articulan los criterios necesarios.
Así pues, si los Sikhs originarios de la India están dispuestos a llevar sus dagas en un país que
las prohíba por seguridad pero modificándolas para no poder desenvainarlas. Siempre puede establecerse
un puente entre las subculturas y las leyes básicas establecidas.
Independientemente de cualquier acuerdo adoptado sobre la igualdad económica y los derechos sociales,
asumimos que todos tenemos los mismos derechos por el mero hecho de ser seres humanos, seamos o no
ciudadanos, y que la discriminación basada en la raza, etnia, religión o género es ilegal (si esto
debe aplicarse a organizaciones privadas tales como clubes sociales que no reciben ninguna ayuda
estatal o exención, es una pregunta en espera de respuesta).
Los derechos llevan consigo inevitables responsabilidades concomitantes. Este principio debe ser
aplicado plenamente a todos los miembros de cualquier grupo. Así, si una nación entra en guerra
con otra, los miembros de minorías que tengan lazos históricos o culturales con la otra nación
deben servir desde el ejército a su nueva nación al igual que el resto de los ciudadanos. Si hay
que luchar, nadie está exento en principio por ser miembro de un grupo racial o étnico determinado
(las personas que son objetores de conciencia, ya sea por razones religiosas o éticas seculares, y
asumen sus cometidos desarrollando su servicio alternativo a la nación, pueden ser eximidos de esta
obligación
2. Estado y religión
La mayor parte de los estados libres han tenido o tienen aún una religión que reconocen formalmente
como la única suya. Además, estos estados proporcionan una amplia ayuda financiera que sustenta
directa o indirectamente las instituciones de la religión oficial del Estado, principalmente para
el clero y los lugares de adoración (Francia y EEUU son excepciones a este respecto, pues no tienen
ninguna religión establecida desde hace ya mucho tiempo). Casi todas estas naciones hacen hoy frente
a la inmigración masiva y al aumento del número de minorías que practican distintas religiones,
especialmente el Islam.
¿Qué podemos hacer partiendo de esta situación? Una opción es mantener la religión oficial.
Aunque a menudo las religiones oficiales han realizado relativamente pocas demandas de fidelidad
a la gente (miembros de las minorías o de la mayoría) los partidarios de la asimilación mantienen
expectativas de que las minorías se deshagan de sus creencias, minorías que generalmente poseen
unos sentimientos fuertemente religiosos. Bajo esta aproximación, se espera que los niños
pertenecientes a esas minorías asistan a escuelas públicas en las que se enseñan los valores de
la religión oficial; se requiere la participación de las minorías en actos públicos en los que
los rezos pertenecen a otra religión; y la vida pública está marcada con símbolos de la religión
mayoritaria y sus leyes la reflejan. Este es un obstáculo máximo para la diversidad.
Una segunda opción es elevar al nivel de la oficial a todas las religiones. Esto exigiría el
completo sustento del clero y los lugares de culto (y servicios sociales) de todas las religiones,
y también la apertura de los actos oficiales a distintos rezos, exhibiendo en los edificios
públicos y escuelas religiosas la simbología de todas las religiones, y así para todos los
demás aspectos. Tales cambios serían percibidos como un ataque directo a la identidad histórica
y cultural de una nación, y esto conduciria a un alto nivel de contención. Esto minaría la unidad
considerablemente.
Una tercera opción es que la situación oficial de la religión imperante tienda a desaparecer
de manera gradual (como ocurrió en Suecia). Bajo este modelo, ninguna religión nueva se reconocerá
como oficial para el estado, pero será proporcionada la ayuda financiera para el clero y lugares
de culto para todas las religiones. La cuantía será determinada por el número de personas que
anualmente declare que esa es su religión (ello hace que no sea el estado quien determine quien
va a ser apoyado económicamente o no). Este es un tema de especial importancia para aquellos países
que confían fuertemente en las asociaciones de voluntarios y en los grupos sociales para administrar
los servicios sociales pagados por la sociedad, como es común en gran parte de Europa. Si los grupos
religiosos no son incluidos, esto da lugar a una discriminación contra aquellos cuya principal
afiliación social es religiosa. A la vez, ninguna ayuda debe ser accesible a grupos, religiosos o
seculares, que promuevan valores seculares que atenten contra los derechos fundamentales.
Este tercer modelo es más compatible con la perspectiva DEU debido a que cambiando el reconocimiento
formal de una religión como la única oficial situamos a todas las religiones a un nivel más similar
(al menos en términos legales y financieros) sin enfrentarnos de manera directa con la historia o la
identidad. Aunque tal cambio es importante hay que pensar que no se reemplazará un modo de hacer por
unos nuevos requerimientos o requisitos venidos de otras tradiciones. Esto permite a la mayoría mantener
un sentido de la centralidad de sus valores (que no siempre es totalmente satisfactorio para las minorías).
Pero al mismo tiempo, permite a las minorías reconocer que se les ha acomodado de un modo más importante
(lo cual deja a algunos entre la mayoria menos que totalmente satisfechos). Este modelo permite
la diversidad sin minar la unidad de manera explícita. Este modelo encuentra un precedente en el
viejo requerimiento de que las tiendas tengan que cerrar en domingo, para facilitar el precepto,
pero ahora pueden cerrar el día de la semana que se adapte a cualquier religión. Las sensibilidades
de la mayoría también deben ser respetadas.
2. La escuela DEU
La escuela, según DEU, no se debe ni utilizar para suprimir todas las diferencias y distinciones
culturales, ni para reforzar la segregación y el aislamiento de minorías.
El modelo asimilacionista asume que los inmigrantes y los miembros de la minorías se educarán en
escuelas públicas, así se garantiza que se les enseñará básicamente el mismo material que a otros
miembros de la sociedad. Un modelo de diversidad ilimitada requiere el establecimiento de escuelas
separadas con apoyo público y planes de estudios distintos para los diversos grupos etnicos desde
el jardin de la infancia hasta el ultimo grado de la escuela secundaria, tal como, por ejemplo,
escuelas Musulmanes o Judias separadas, a tiempo completo. Por el contrario, DEU, sugiere que una
proporción importante del plan de estudios, quizá el 85 por ciento o más, debe seguir siendo
universal (es decir, parte de los procesos que fomentan la unidad). Las ventajas de compartir un
85 por ciento del plan de estudios no solo radican en asegurarse que todos los miembros de la
generación siguiente se exponen en una medida considerable de los mismos materiales didácticos y
narrativas, sino también a que se mezclarán socialmente. La enseñanza del mismo material pero
en escuelas étnicas segregadas es incompatible con nuestro planteamiento. Aunque los profesores
de todos las procedencias deben ser bienvenidos, hay que insistir en que los niños deben ser
educados no solo por los profesores de su mismo grupo
Las minorías deben tener la posibilidad de elegir un 15 por ciento de asignaturas del plan de estudios,
en la forma de optativas o de clases alternativas, en las que los estudiantes interesados en un tema o
historia o tradición propia pudieran acceder al conocimiento de la diversidad que nos enriquece a todos.
El contenido universal, por otra parte, del plan de estudios se debe adaptar para incluir culturas e
historias de las minorías.
La educación bilingüe puede ser utilizada, pero solamente durante la transición hacia una fase de
entendimiento plural y no como modo de perpetuar la segregación (nos referimos a la educación que se
da en las lenguas de inmigrantes y no a las políticas educativas en un país que ha abrazado históricamente
dos o más idiomas).
De preocupación especial será la enseñanza de valores. Esto es importante por el hecho de que muchos
de los conflictos más discutibles de escuelas, desde la supresión de crucifijos a requerir a muchachas
musulmanas usar trajes de baño o prohibir los turbantes tradicionales de los Sikhs, se relacionan con
la religión. Las escuelas deben ayudar a desarrollar el carácter y a enseñar valores básicos más bien
que simplemente ser instituciones para aprender instrucción. Se debe también asumir que las clases que
todos los alumnos deberán atender (el sector de la unidad del 85 por ciento o más) incluirán las clases
talleres en las cuales los valores cívicos básicos serán enseñados, por ejemplo el respecto por la
constitución o las leyes orgánicas, los derechos humanos, el mérito de la democracia, y el valor del
respecto mutuo entre diversas subculturas. Pero tal esfuerzo puede no ser suficiente para proporcionar
la necesaria educación del carácter y es poco probable que por sí misma pueda proporcionar un suficiente
substituto para los valores sustantivos enseñados en el pasado por las religiones. ¿Qué valores sustantivos
deben inculcar las escuelas más allá de las virtudes cívicas?
La oferta de una escuela pública para cada religión (en línea con la noción del reconocimiento oficial
igual de todas las religiones) y permitir que los estudiantes elijan, ayuda la diversidad, pero hace poco
por la unidad. Una forma de mejorar esto es que las escuelas públicas trabajen con los distintos grupos
religiosos para asegurarse que los profesores seleccionados para la enseñanza religiosa (y los materiales
didácticos que utilizan) defienden los valores de una sociedad libre y plural. Sobre todo, si no se
destierra el fundamentalismo de los salones de clases, no se podra hallar un núcleo suficiente de valores
compartidos. Puede admitirse que alguien defienda que una democracia debe tolerar la enseñanza de valores
contrademocráticos siempre y cuando ello se haga dentro del sistema democrático.
Para muchos de nosotros las escuelas públicas pueden proporcionar un ambiente en el cual expongan
al alumnado a una base rica de valores compartidos que protejan contra el fundamentalismo, y mezclen
a los niños de diversas procedencias sociales y religiosas. Otros consideramos que ello se puede
alcanzar en escuelas controladas por un grupo étnico o religioso, siempre que el estado se asegure
de que todas las escuelas enseñen una base fuerte de valores compartidos. En cualquier caso, los
mismos criterios esenciales deben aplicarse para que las escuelas, públicas o privadas, puedan
proporcionar oportunidades eficaces de moverse hacia un modelo DEU, que apuesta por la integración
y los valores compartidos, en contraste a un modelo asimilacionista o uno multiculturalista con
escuelas separadas.
4. Cualificación para la ciudadanía y la nacionalidad
La discusión sobre el acceso de los inmigrantes a la ciudadanía ha sido caracterizada a menudo por
los oscilaciones entre las ofertas radicales para la asimilación o para la diversidad ilimitada: o
abrimos nuestras fronteras a cualquier persona, o no; o la responsabilidad de la integración se ciñe
solamente con los recién llegados, o con los contribuyentes; o todos los recién llegados deben percibir
ayuda pública y ser ayudados a mantener sus culturas, idiomas, e identidades, o no; o todos los
inmigrantes ilegales deben ser deportados inmediatamente, o no debe haber distinción entre los inmigrantes
legales e ilegales.
DEU acentúa que se sirve a las sociedades lo mejor posible si los inmigrantes legales que han resuelto
los requisitos educativos, se pueden convertir en ciudadanos de pleno derecho más que seguir como huéspedes,
que es a menudo un término que encubre al ciudadano de segunda clase. La llave para un consenso
democrático defendible y económicamente viable sobre la inmigración está en tomar decisiones claras
con antelación sobre la proyeccion y naturaleza de inmigración que prefiere la nacion. Después el
gobierno puede proporcionar la residencia permanente para ésos admitidos y facilitar su acceso a la
ciudadanía de pleno derecho que representa la nacionalidad. Este acercamiento ofrece una manera más
sensible de proveer de personal al mercado de trabajo, unir a familias, y permitir que los ciudadanos
determinen la forma en que la inmigración moldea la economía nacional y la cultura.
Las preferencias culturales -por ejemplo, que España prefiera a inmigrantes de habla española- son
aceptables porque ayudan a sostener la unidad, siempre y cuando no impidan la inmigración para los
propósitos de la reunificación familiar o del derecho de asilo y se basen en la cultura más que en
la raza o la sangre. La ayuda pública para la inmigración también requiere que las políticas puedan
implementarse con autoridad. Así, un mejor control de las fronteras, sanciones a empresas que violen
leyes migratorias, quizás incluso un documento de identidad nacional para todos los residentes legales,
son medidas que pueden crear un sistema eficaz aceptado por la opinión pública (estas medidas no se
aplicarían a los que piden asilo político) Habrá que hacer esfuerzos para el establecimiento de criterios
justos y transparentes sobre la inmigración ilegal de acuerdo con los valores democráticos. Una
sociedad no debe entender su ciudadanía solamente como un paquete de derechos sino como un vehículo
para la participación y la responsabilidad cívicas.
Los estados democráticos deben tener reglas claras y justas para la admisión y la acogida de los
inmigrantes legales, incluyendo tasas razonables para el proceso de legalización. Los requisitos
lingüísticos y educativos pueden ser más altos que los actuales, y así asegurarse que se ha adquirido
familiaridad no solamente con los funcionamientos del gobierno democrático sino también con los
elementos de unión de la sociedad receptora. Los inmigrantes que todavía no han terminado sus procesos
de adquisición de nacionalidad podrían sin embargo ser investidos de derechos como votar en las
elecciones locales y de servir en la función pública, entre otras cosas porque se les ayuda a adquirir
práctica cívica y a crear una función pública que se adecua mejor para ocuparse de las minorías.
La doble nacionalidad podría ser permitida o aún ser animada siempre y cuando los principios y las
prácticas apropiadas para reconciliar conflictos entre lealtades se puedan establecer de acuerdo
al principio que la nación de la residencia permanente toma prioridad.
En resumen, la nacionalidad es una manera fundamental por la que una persona se hace miembro
responsable y aceptado de una comunidad. Por lo tanto no debe ser concedida sin la preparación
apropiada ni ser negada a los que han culminado las medidas requeridas de inculturación.
Asumimos que la ciudadanía y la nacionalidad no están basadas en la raza sino en ser parte de una
comunidad histórica, con su propia cultura e identidad. Incorporarse a esta comunidad es venir a
compartir una historia, cultura, e identidad según lo caracterizado por la diferencia entre los
elementos de la unidad y de la diversidad discutidas previamente. La historia no se para y continúa
siendo modificada, en parte bajo influencia de los nuevos miembros.
La ciudadanía no debe ser un bien de consumo gratuito sino una empresa comunal y libre, un estado
y una identidad con derechos y responsabilidades sociales. Esto es así tanto para los que quieren
llegar a ser ciudadanos de un país como para los que ya lo son.
5. La lengua, ¿un elemento ineludible de unidad?
El modelo asimilacionista pretende que todos adquieran la lengua que prevalece (a veces, como
en Bélgica, por lo menos una de ellas), que debe ser considerada la lengua oficial, y que el
uso de otras idiomas se debe prohibir en asuntos públicos, papeletas de voto, y señales públicas.
La diversidad ilimitada propone el reconocimiento de cualquier lengua como oficial, a las que
se da un valor paritario a cualquier otra en juicios, documentos, etc., en varios idiomas, a
veces un número grande.
El planteamiento DEU reconoce las grandes ventajas de tener una lengua compartida (dos en caso
de necesidad) y de enseñarla a todos los inmigrantes, miembros de minorías, y gente que necesite
educación por otras razones. Sin embargo, el estado debe proporcionar los traductores y los
documentos traducidos para aquellos que todavía no han adquirido la lengua compartida, incluso
si ésto da lugar a bajar la motivación para que los inmigrantes aprendan la lengua que prevalece.
Los asentamientos urbanos deben tener libertad para agregar señales en cualquier lengua, pero no
sustituir las señales o anuncios públicos existentes. El estado puede también animar a mantener los
idiomas de inmigrantes como segundas lenguas y promoverlas en la enseñanza de idiomas en general.
6. De los elementos de unión, símbolos, historia nacional, días de fiesta, y rituales
En la vida pública, con frecuencia se presentan conflictos en asuntos que son de relativamente
poca importancia en sí, pero que adquieren gran significado para la conciencia de pertenencia
de la gente. Hablamos de códigos de vestir (por ejemplo en relación con a las muchachas que
usan velo), los muchachos y las muchachas que nadan juntos, la exhibición de banderas étnicas,
la delimitación de áreas en las cuales se pueden celebrar fiestas, ruidos tolerados, etcétera.
En efecto, prácticamente cualquier asunto se puede convertir en simbólico y conflictivo, aunque
algunos asuntos (tales como el uso de banderas reivindicativas o no oficiales) tienden más
fácilmente a convertirse en tales en algunos países.
Es importante reconocer que el estudiar estos asuntos uno por uno, o de modo superficial,
no nos conducirá a la resolución consensuada que todos buscamos debido al calado de los problemas
que representan. Los símbolos sirven como perchas en las que la gente cuelga su resentimiento
contra otras culturas y contra los inconvenientes derivados del esfuerzo por adaptarse a un mundo
diverso y nuevo. Estos símbolos representan el sentir de que las identidades de la gente, su
cultura, unidad nacional, y sus deseos de autodeterminación estan siendo desafiados. Solamente
en la medida en que estos asuntos más profundos sean estudiados, pueden los conflictos de símbolos
ser resueltos satisfactoriamente.
Atacar los sentimientos profundos de la gente, negando que los inmigrantes o las minorías son
diferentes, y en especial el etiquetado de estos sentimientos como racismo o xenofobia y exigir
que la gente los rechace y se reeduque es injusto e ineficaz.
La perspectiva DEU propone que entendemos porqué la gente siente como siente, pero también pretende
hacer entender a los que se sienten invadidos por los inmigrantes que los cambios culturales que
deben introducir para integrarlos no violarán sus valores básicos, no destruirán su identidad, ni
dejarán su capacidad de controlar sus vidas. De hecho, DEU asume este reto no como una postura de
relaciones públicas o una fórmula política de éxito, sino como un modelo elaborado de leyes, y de
conceptos normativos que dé sustancia a estas promesas.
Una vez que se establezca esta posición básica, observamos que el viejo patriotismo, que exige
abrazar sin cuestionamientos el pasado de una nación, es tan inadecuado como intentar desmontar
la identidad nacional para acomodar la diversidad. Así, esperar que los inmigrantes de países
previamente colonizados vean gran gloria en el pasado imperial no es compatible con el modelo
de DEU pues se está invitando una nación que envía emigrantes a la antigua metrópoli a descartar
sus valores, símbolos, y significados compartidos y para pasar a ser una sucursal sin alma. Las
actitudes de "repensar lo que significa ser británico" (o francés, etc.) son bienvenidas si significan
redefinir concordancias y señalar las diferencias legítimas, pero no si son palabras en clave que esconden
el deseo de abandonar significados sustantivos compartidos y valores asumidos que harían un flaco favor
a la unidad. No es realista pretender que en una futura federación europea, las identidades y las culturas
nacionales se disuelvan y que la aspiración de la unidad de cada país deje de ser socialmente sentida.
El modelo asimilacionista favorece subrayar los logros gloriosos de la nación en los libros de texto
(especialmente los de historia), los días de fiesta nacionales, y los ritos cívicos. Por otro lado,
algunos campeones del multiculturalismo ilimitado quieren reescribir las historias patrias enfatizando
las lecciones de deshonra nacional (por ejemplo, un erudito sugirió que la historia americana esté
enseñada como una serie de abusos de minorías, comenzando con los americanos nativos, enfocando después
a los esclavos, y finalmente a los americanos japoneses durante la segunda guerra mundial).
Otros favorecen días de fiesta étnicos y religiosos separados, tales como Navidad para unos, y
Ramadán para otros, para sustituir más bien que para suplir días de fiesta nacionales compartidos.
La posición de DEU en estos asuntos no ha sido completamente elucidada.
La posición de DEU al respecto de la enseñanza de la historia, es que los materiales didácticos que
contengan declaraciones que sean de verdad ofensivos a las minorías, deben ser quitados o corregidos,
y que el reconocimiento de las contribuciones de las minorías a la sociedad debe ser agregado. Además,
la historia de otras las partes del mundo, debe ocupar una parte importante en cualquier plan de
estudios. No obstante, la enseñanza de la historia es una manera importante de compartir significados y
de transmitir valores y no debe de ser particularizada ni convertirse en una fuente de ataque contra la
unidad.
Los días de fiesta pueden decidirse también de acuerdo con este criterio de una combinación de días
de fiesta compartidos (tales como día de la unificación en Alemania) con fiestas étnicas y religiosas
separadas. En efecto, la existencia de algunos días de fiesta étnicos (tales como el Cinco de Mayo en
los EE. UU.) enriquece más bien que disminuye la cultura compartida.
Nos centramos aquí en valores compartidos y divergentes en una sociedad que sea una comunidad de
comunidades más bien que una mezcla artificial. No pretendemos distraer la atención de los intereses
económicos y su articulación en asuntos que se ocupan de la distribución de poder y que tienen su
lugar también en el estudio de la inmigración. Sin embargo, dado que estos temas se han estudiado a
menudo, nuestro énfasis ha estado en los valores (y en las instituciones relacionadas), pieza clave
de cualquier sociedad que quiera preservar su identidad y cambiar pacíficamente al mismo tiempo.
El asunto más espinoso de todos es considerar, más allá de los cambios en expresiones simbólicas y en
leyes y políticas, ¿qué abarcaríamos en un elenco modificado pero unificado de valores sustantivos
compartidos? Los derechos fundamentales, la forma de vida democrática, el respecto por las leyes
orgánicas (o, más ampliamente, una fe constitucional o una religión cívica), y la tolerancia mutua,
todo ello se supone con facilidad. De igual modo se suponen los conceptos comunitaristas de que los
derechos exigen responsabilidades, que el consenso es mejor que el conflicto, y que debe la sociedad
ser considerada una comunidad de comunidades (más bien que simplemente un estado que contiene a millones
de individuos). Sin embargo, a pesar de su importancia, todos estos puntos de unidad constituyen a
nuestro juicio una escasa base de valores compartidos para sostener la unidad entre diversidad.
El desafío para el modelo DEU es preguntar cómo el reino de la unidad, al menos expuesto en forma
modificada, puede fortalecerse sin ocupar el lugar legítimo de la diversidad. La respuesta se puede
encontrar en parte en los valores humanistas y en el ética (incluyendo el respeto por la dignidad y
la autonomía individuales) y los valores comunitaristas de más calado que expliquen nuestras
obligaciones de unos con otros. Podemos intentar un compromiso de construir comunidades todavía más
amplias (tales como la Unión Europea), ayudar a la necesidad en los países pobres, y mantener la
Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No obstante, dejamos abierta, si queremos
saber con certeza qué puede proporcionarnos una fuente de compromisos compartidos para definir y promover
lo correcto sobre lo incorrecto, la respuesta que podemos dar a las cuestiones transcendentales de la
vida por lo que se refiere a la vida pública, si es que no respondemos basándonos en doctrinas religiosas,
ni en creencias relativistas o en creencias de otro talante.
El planteamiento DEU es un trabajo en marcha. No pretende tener todas ni la mayoría de las respuestas
para tender un puente entre muchos inmigrantes y las mayorías en las sociedades libres donde viven.
Creemos que ofrece una orientación básica que respeta tanto la historia, como la cultura, y la identidad
de una sociedad y los derechos de sus miembros de diferenciarse en aquellos asuntos que no impliquen los
valores básicos y los derechos y obligaciones universales.
Este manifiesto ha sido traducido por la Sociedad Española de Socieoconomía (SASECE) del original
inglés suministrado por el Communitarian Network. Los apoyos pueden comunicarse a la dirección de
internet del Communitarian Network : comnet@gwu.edu o al administrador de SASECE: Jose.Perez@uv.es
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